Roberto de la Rosa, de 70 años, nació en la comunidad de Mineral de Providencia, situada sobre el cerro El Temeroso, municipio de Mazapil, al norte de Zacatecas. Tras el cierre de operaciones de la mina que dio nombre a la localidad, entonces administrada por grupo Peñoles. La construcción del túnel Terminal, una obra de infraestructura que atravesó el cerró para permitir el paso de trenes de carga en 1948, modificó el acuífero subterráneo y los pozos se secaron, no había agua para beber ni para darle a los chivos, contó a Periodismo CN. Los habitantes se vieron obligados a abandonar sus hogares para poder sobrevivir a la pobreza.

Tenía 11 años cuando llegó a la comunidad de Salaverna, ubicada a poco menos de cinco kilómetros. Aún recuerda la rabia de su abuela contra las mineras: “Ellos llegaron aquí y había mucha vida, ya se fueron y se acabaron todo”, le decía. Para 1963, el poblado quedó fantasma.

A 51 años de ese desplazamiento, don Roberto, como le nombran, se resiste a repetir la misma historia: abandonar su casa, sus animales, a causa de la actividad minera.

Su casa es una de las pocas habitadas en la comunidad, donde ya destruyeron incluso la iglesia, a pesar de los múltiples intentos por parte de la compañía minera Tayahua-Frisco para despoblar Salaverna y concretar su ambicioso proyecto, la explotación a cielo abierto, autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2013.

Todo comenzó en 1998, detalla, cuando la minera Tayahua que operaba desde 1972 se asoció con la compañía Frisco, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim Helú, catalogado por la revista Forbes como el noveno magnate más rico del mundo. Ahí empezaron a hacerse notorios los primeros planes por ocupar los predios de la comunidad, pues se rumoraba que había inversión en tecnología de punta para explotar la mina.

En 2005, cuando los habitantes se enteraron de las intenciones de hacer la mina a cielo abierto, y ante la falta de certeza jurídica sobre sus propiedades, buscaron que se les reconociera la posesión de sus predios que hasta donde sabían, eran del dominio de la nación.

Sin embargo, personal de la minera llegó a la localidad con unas escrituras, con las cuales dijeron ostentar la propiedad de los terrenos sobre los que se situaban todas las casas.

En 2007 se conformó la Asociación de Posesionarios de Majadas, Santa Olaya y Salaverna que buscaba el reconocimiento de la propiedad agraria para los campesinos que vivían y trabajaban en esas tierras.

Sergio Uribe Sierra, maestro en Desarrollo Rural y especialista en conflictos mineros,

 en conflictos mineros, expuso en su artículo “Salaverna:un conflicto entre el despojo territorial y el arraigo minero de la población”, detalla que existe una confusión sobre el derecho de propiedad de Salaverna.

“Las empresas mineras que han pasado por esta localidad argumentan que el terreno es de ellos, incluyendo a Minera Frisco, que cuenta con escrituras que abarcan desde Rincón de los Caballos hasta Salaverna. Sin embargo, en los planos del municipio de Mazapil el espacio que ocupa Salaverna registra ser terreno particular; por ello los pobladores lucharon por obtener su derecho de posesión en el registro público del municipio, el cual no aparece en tales archivos, solo existe evidencia de propiedad perteneciente a Frisco a partir de finales de los años noventa”, se lee.

Para 2010 la empresa anunció la reubicación de los habitantes a un nuevo centro de población denominado ‘Nuevo Salaverna’, donde ofrecieron una vivienda en comodato y 15 mil pesos.

Desde entonces, como delegado de la comunidad, don Roberto intensificó su activismo, repartió copias casa por casa donde informaba a las personas sobre sus derechos.

“Llegaron diciendo que ellos tenían las escrituras, que estábamos viviendo de manera ilegal. Siempre asustando a la gente, que si no se iban el ejército los iba a venir a sacar”, dijo.

La empresa hizo un inventario de los hogares de las familias. Si no tenían refrigerador, pantalla, estufa u otros muebles, ellos les regalaban uno. Fue parte de la estrategia de convencimiento.

También los profesores de la comunidad y el sacerdote jugaron un rol importante para convencer a los jefes de familia, aseguró De la Rosa.

“Que no podíamos ir en contra de la voluntad de Dios, decía el sacerdote”, agregó.

Para el 2012 se concretó el traslado de las primeras 40 familias al asentamiento Nuevo Salavedra, donde se construyeron casas de interés social, una escuela y una clínica. No se contempló en las viviendas espacio para la siembra o la ganadería, el tradicional modo de subsistencia de las familias, solamente un diminuto patio.

_{Foto: Alejandro Neri}

Aunque parecía que el resto de las familias estaba decidida a no mudarse, las presiones se intensificaron. El 6 de diciembre de 2012, según recuerda, se realizaron detonaciones y las vibraciones provocaron grietas en las casas. Al día siguiente llegaron los camiones de mudanza.

“Le dijeron a la gente que su casita no era segura, que allá iban a estar más seguros. Eso yo lo vi como un acto de terrorismo”, afirmó.

Roberto expuso que para 2013 comenzaron a irse contra los líderes opositores de forma más directa. Una de las primeras acciones fue encarcelar a don Lalo, otro de los hombres que se resistía a dejar su casa, luego de que cerró el acceso a la mina como protesta por las detonaciones que provocaron grietas y hundimientos.

“De ahí le empezaron muchos problemas a don Lalo, tuvo hasta problemas conmigo porque intentaron dividirnos, de por sí ya toda la comunidad estaba dividida. Por las presiones de que nos iban a encerrar de por vida él se deprimió mucho y en 2016 falleció”, detalló.

Para 2016 el terror se recrudeció. El 22 de diciembre, previo a la navidad y con las oficinas públicas de vacaciones, recibió una llamada donde le solicitaron que se presentara al día siguiente en la capital, Zacatecas, a las 9:00 de la mañana, para un aviso importante. A las 4:00 de la madrugada tomó el autobús junto con otros compañeros de la comunidad para llegar a tiempo a la cita, pero cuando apenas iba llegando a la central camionera recibió una llamada:

“Me dijeron que me regresara, porque estaban entrando muchas patrullas de la policía municipal y estatal. Eran más de 150 policías.También llevaron maquinaria, una ambulancia y camiones de mudanza. Ya valió madres, yo pensé. Sentí que me tiraban de los pelos, sentí bien gacho”, describió con la voz quebrada.

El convoy acompañaba a personal de Protección Civil para entregar órdenes de desalojo y advirtieron que si se quedaban sería bajo su propia responsabilidad.

Sin embargo, a la par comenzaron a destruir las casas ya desalojadas, también dos escuelas, la agencia municipal y la iglesia de la comunidad.

Luego de destruir parte del poblado, el gobierno de Zacatecas publicó un video en sus redes sociales donde afirmó que la comunidad se encontraba situada sobre una falla geológica, misma que representaba un peligro y, por ende, se sugirió la evacuación inmediata.

“Ante cualquier situación la vida es primero, nuestra responsabilidad es tu bienestar y seguridad”, se lee en la publicación.

El 23 de diciembre también la minera Tayahua Frisco emitió un comunicado donde reiteró su intención de “ayudar” a las 17 familias que quedaban con una nueva vivienda en Nuevo Salaverna.

A mediados de 2017 dos hombres merodeaban la casa de Roberto y la de su hijo, sin decir nada. También algunas de las casas que no habían sido derribadas. Pasados los días desaparecieron, de acuerdo con su relato.

_{Foto: Adolfo Vladimir}

“El día que se fueron nos dejaron un recado ahí con las cocineras donde comían, era como una nota, se la dieron a mi hijo. Decía que los había contratado la empresa para que nos echaran abajo, que pareciera como un accidente, pero que ellos vieron en qué condiciones estamos y que desistieron. Que incluso ellos nos ayudaban si queríamos denunciar a la empresa por intenciones de asesinarnos, pero pensándolo también que si ellos pertenecen a un cártel o si se prestaron para eso, sabrá Dios, mejor así lo dejamos”, describió.

A estas presiones se sumó una demanda judicial contra Roberto y su hijo por presuntas amenazas de muerte contra trabajadores de la mina, cuando intentaban cercar la comunidad. A principios de septiembre recibió un aviso judicial donde se le informó que el caso fue archivado, luego de ganar una suspensión temporal.

De las 100 familias que habitaban en Salaverna, actualmente solo quedan cinco.

“Sí, he tenido miedo, pero no me voy a ir, porque sería como traicionarme a mí mismo”, sostuvo.

Mina a cielo abierto, el proyecto pausado por la resistencia

En el municipio de Mazapil, con una extensión territorial de 12 mil 136 kilómetros cuadrados, hay 399 concesiones de extracción minera, de las cuales 88 pertenecen a minera Tayahua, de acuerdo con el Registro Público de Minería. En total, suman una superficie de 53 mil 900 hectáreas, casi la misma superficie que la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México.

Actualmente, el principal proyecto de la compañía es el ubicado en la comunidad de Salaverna, identificado como ‘Calcosita Salaverna Integral’, de acuerdo con lo expuesto en la Manifestación de Impacto Ambiental, con número de expediente 32ZA2013M0001.

En 2010 la sociedad Tayahua-Frisco consiguió un permiso para la explotación de la mina a cielo abierto, para la extracción de mineral de 10 mil toneladas diarias de mineral procesable y de 25 mil toneladas por día de material rocoso estéril.

No obstante, en 2013 solicitó y le fue concedida una ampliación del proyecto, para incrementar la capacidad de extracción a 25 mil toneladas diarias de minerales y 75 mil toneladas de material rocoso, en una superficie de 542 hectáreas.

“El proyecto tiene presente un enfoque socioeconómico, puesto que promoverá el empleo de personas de la región, con el beneficio de la generación de empleos a nivel local”, se lee en la justificación del documento.

La transición de la mina al tipo de cielo abierto contempla una inversión de 112 mil 500 millones de dólares, desde la preparación del sitio hasta la operación.

Desde mediados de 2019 el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convocó a empresarios y ambientalistas a abrir la discusión para realizar cambios a la Ley

Minera. Asimismo, en noviembre de 2021, durante su conferencia matutina ofrecida en la ciudad de Guanajuato, el mandatario reiteró su promesa de no expedir nuevos permisos de extracción minera durante su administración.

Hasta 2021 había al menos mil 490 concesiones mineras en trámite en todo el territorio nacional, según el registro de la organización GeoComunes. De esas, ocho están en Mazapil y fueron solicitadas por la compañía Peñasquito, que explota una mina a cielo abierto cerca de Salaverna.

Para obtener una concesión minera no es necesario ser dueño de la tierra superficial, explicó Gustavo Lozano, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

“Tu casa o la mía podría estar sobre una concesión minera”, aseveró.

Cualquier ciudadano o cualquier empresa mexicana puede solicitar a la Secretaría de Economía una concesión minera, pagando los derechos de concesión. Dichas concesiones tienen una vigencia de 50 años. Para iniciar la explotación, además de la propia concesión, se requiere autorización de la Semarnat e instancias municipales, detalló Lozano.

En México existen 25 mil 73 concesiones mineras, que suman una superficie total de 20 millones 853 mil 927.89 hectáreas, poco más del 10% del territorio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía.

_{Foto: Cartominmex/SE}

La minería a cielo abierto, agregó el también experto en derecho ambiental, responde a la necesidad de las empresas de obtener más minerales una vez que se agotó la capacidad de extracción por el método tradicional.

Sin embargo, para que eso se concrete es necesario desalojar las personas que habitan esa superficie minera. “No pueden hacer la explotación a cielo abierto con el pueblo arriba, de allí que lo estén destruyendo”, dijo Lozano.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), las actividades mineras se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas.

“A partir del uso de toneladas de explosivos y maquinaria de tamaño descomunal, estas empresas en muchos casos destruyen serranías completas abriendo grandes tajos, que pueden tener un diámetro de entre 1.5 a 5 kilómetros, además de una profundidad de varios cientos de metros”, indicó en su postura pública con respecto a las modificaciones a la Ley Minera.

Además de los impactos ambientales que han dejado las minas en esa región de Zacatecas, los impactos sociales son muchos, afirmó Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros.

“Llegan con la promesa de desarrollo y progreso, pero la misma gente ha tenido que emigrar porque no hay condiciones para una vida digna.

Mucha gente tiene problemas de cáncer, hay con frecuencia abortos espontáneos o muchos niños nacen con la enfermedad del labio leporino. Tampoco hay formas de cultivar la tierra, pues no hay agua, refirió la también activista.

Quienes ganan, reprochó, es un puñado de personas que poseen capital económico, contra el bienestar de las comunidades rurales aledañas.

El capital, factor clave en los conflictos

Aunque cada conflicto socioambiental tiene sus propias particularidades, hay patrones de conducta de las grandes empresas que se repiten entre unos y otros, expuso César Enrique Pineda, doctor en Ciencias Sociales y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Hay un despliegue del capital para acaparar los recursos naturales y convertirlos en más riqueza, dijo a Periodismo CN.

De acuerdo con Pineda, cuando las empresas buscan el control de determinado territorio para explotarlo, utilizan estrategias que pueden separarse en dos: duras y blandas.

Por una parte, señaló, las empresas han desarrollado mecanismos más “incluyentes”, que tienen que ver con su propia imagen pública: proyectos sostenibles, de economía verde, gratificaciones a las comunidades o la resolución de necesidades que el Estado no cubre, como agua potable, caminos de acceso, etcétera.

Sin embargo, cuando la resistencia persiste, ya sea de la comunidad entera o de una parte de ella, se utilizan estrategias más coercitivas. Estas, refirió, son más particulares para cada caso, pero pueden ir desde la utilización de la fuerza pública o mecanismos de seguridad privados, ataque directo a los líderes comunitarios, demandas judiciales y hasta el asesinato.

De acuerdo con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de México, tan solo en 2021 se registraron 108 agresiones a activistas ambientales, de las cuales 25 fueron agresiones letales.

Con respecto al papel del gobierno como ente mediador, Enrique Pineda consideró que se prioriza la generación de riqueza sobre las demandas de las comunidades.

“Es el cambio que vivimos a partir de los setentas, donde se puso como prioridad la acumulación de capital, el crecimiento o fortalecimiento de los mercados y la atracción de capitales internacionales. Ese es el objetivo de los Estados neoliberales”, aseguró.

Zacatecas, desde hace más de dos siglos, ha sido un punto crucial para el aprovechamiento de los minerales y las comunidades han estado bajo asedio de grandes compañías, enfatizó Grecia Rodríguez, del Observatorio de Conflictos Mineros.

Aunque en Mazapil se extraen minerales valiosos como el oro o cobre, más del 37% de sus pobladores viven en condiciones de pobreza, mientras que 7% se encuentra en pobreza extrema, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Defender la madre tierra

_{Foto: Adolfo Vladimir} 

“Si mi madre me amamantó por seis meses cuando nací, la madre tierra me ha dado de comer toda la vida, abandonar mi pueblo es como entregarme al diablo”, dijo tajante Roberto de la Rosa.

“Yo me crié con aguamiel, me crié con leche de chivas, aprendí a sembrar de muy niño, aprendí a andar en el monte, desde entonces tengo una relación muy íntima con nuestra madre naturaleza”, continúo.

El activista manifestó que ha tenido miedo, sobre todo por su familia, pero no está dispuesto a ceder.

“No debería pasar que vengan y te arrebaten todo, que te expulsen. Aquí vivimos en extrema pobreza, es cierto, pero es porque ellos la provocan, porque no nos dejan salir adelante, si nosotros tuviéramos en nuestras parcelas esos millones de litros que se gastan a diario, tendríamos milpas. Con media hectárea yo tendría maíz para subsistir todo el año”, concluyó.