En la Isla Holbox, ubicada al norte de Quintana Roo, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, las construcciones irregulares proliferan todos los días, denuncian miembros del colectivo ambientalista Hablemos Holbox.
Los manglares se sustituyen por edificaciones de concreto para satisfacer la demanda de alojamientos turísticos. Ante las decenas de denuncias, el personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no se da abasto.
“No hay dinero siquiera para hacer labores de inspección y vigilancia”, dijo la bióloga y activista Gisela Maldonado.
La falta de presupuesto para que las instituciones ambientales operen adecuadamente pone en serio riesgo a los recursos naturales y los servicios ambientales que proveen a la población, afirmó Maldonado, quien también es especialista en tortugas marinas.
Desde hace por lo menos siete años, el presupuesto destinado a conservación, investigación y gestión de los recursos naturales ha ido a la baja.
Las instituciones incluidas dentro del rubro ambiental cumplen distintos propósitos, desde la gestión del agua; cuidado y vigilancia de áreas protegidas; estrategias de desarrollo sostenible; normatividad, protección forestal, entre otras.
El presupuesto de estas instituciones está incluido en el Ramo 16 del Presupuesto de Egresos de la Federación. De ahí se reparte recursos a la operación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); Comisión Nacional del Agua (Conagua); Comisión Nacional Forestal (Conafor); Profepa; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); Instituto Mexicano de Cambio Climático (INECC) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.
En términos nominales, es decir, considerando el factor de la inflación, entre el 2000 y 2015 el presupuesto destinado a las instituciones ambientales tuvo un crecimiento sostenido hasta alcanzar un pico de 67 mil 976 millones de pesos, de acuerdo con el registro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Para 2016 se registró una caída en el presupuesto de poco más de 10 mil millones de pesos. Casi el total fueron restados a la Conagua, que pasó de un presupuesto de 50 mil 563 millones a 40 mil 977 millones de pesos.
Al tratarse de la dependencia con más presupuesto operativo, los cambios en esta institución permean en gran medida en el presupuesto general.
Sin embargo, también se registraron cambios en otras áreas como la Profepa o la Conanp.
La Conanp y la Profepa tuvieron incrementos presupuestarios de 2015 a 2016.
En el 2018, con el presupuesto aún aprobado durante la gestión de Enrique Peña Nieto, las instituciones ambientales tuvieron el presupuesto más bajo desde el 2007. Ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto disminuyó aún más en 2019 y 2020.
El presupuesto ambiental de 2020, que fue de 29 mil 869 millones de pesos , representó apenas el 43% del monto asignado en 2015.
En el 2021, tras la pandemia, hubo una recuperación mínima, al alcanzar 31 mil 020 millones, mientras que para el 2022 se alcanzaron 40 mil 945 millones de pesos.
Hacia 2023, en el Proyecto de PEF para el próximo Ejercicio Fiscal, el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso un presupuesto de 75 mil 627 millones de pesos, que apunta para ser el más alto en la historia en el rubro ambiental.
Sin embargo, el destino de los recursos se concentra en una sola dependencia: la Conagua. Este organismo pasará de 33 mil 916 millones a 68 mil 455 millones de pesos, es decir, 49% más de presupuesto. De ese total, 49 mil 389 millones (72%) estarán destinados a inversión en obras de infraestructura pública, según el desglose del Ramo 16.
El proyecto al que se destinarán más recursos es el denominado “Agua Saludable para la Laguna”, entre Durango y Coahuila, con 8 mil 600 millones de pesos, seguido de la construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, obra a la que se asignaron 1 mil 118 millones de pesos.
Protección y conservación, presupuesto estancado
A pesar de que habrá más dinero destinado al Ramo 16 sobre medio ambiente, instituciones clave para la conservación y protección de los recursos naturales en el país se mantendrán con presupuestos estancados.
La Profepa, cuyo objetivo principal es garantizar la protección de los recursos naturales a través del cumplimiento efectivo de la normatividad ambiental, cuenta en el PPEF con un presupuesto de 830 millones 341 mil pesos. Si bien se refleja un incremento con respecto al último año, el monto es 25% inferior al presupuesto que tuvo la institución en 2015, con 1 mil 107 millones de pesos.
De hecho, en 2021 el presupuesto de la Profepa cayó a los niveles de 2005, con un monto de 742 millones 103 mil pesos.
La caída del presupuesto en esta área también se reflejó en un menor número de denuncias recibidas y procesadas entre 2015 y 2020, por posibles violaciones a la normatividad ambiental, según datos abiertos de la Semarnat.
Otra dependencia clave para la mantener en buen estado los bosques y selvas de México es la Conafor, que tiene entre sus tareas desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo sustentable.
Para el 2023 se proyecta que esta institución cuente con recursos por 2 mil 533 millones de pesos, menos de la mitad de los montos registrados entre el 2008 y 2015.
Entre 2019 y 2020, con un presupuesto disminuido en casi una tercera parte de lo asignado en 2015, paralelamente México perdió la mayor cantidad de cobertura forestal en las últimas dos décadas, más de 131 mil hectáreas de bosques y selvas.
Una de las decisiones para disminuir el gasto operativo de la Conafor en 2019 fue la cancelación del Programa de Empleo Temporal (PET), que permitía financiar brigadas comunitarias para trabajos preventivos y atención a incendios.
Entre 2021 y 2022 el gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, sumó 127 mil 419 hectáreas al esquema de Áreas Naturales Protegidas, a través de los decretos para las zonas de Lago de Texcoco, Estado de México; San Miguelito, San Luis Potosí y Jaguar, en Quintana Roo.
Con esto se avanzó en el objetivo de incorporar 10 nuevas áreas protegidas antes de que concluya el sexenio.
Sin embargo, más superficie para proteger no se tradujo en un mayor presupuesto para su protección.
Si bien para 2023 se prevé un ligero incremento de 4.7% con respecto al último año, al pasar de 887 millones a 930 millones, la cifra se mantiene por debajo en comparación de los recursos que recibió esta Comisión entre 2011 y 2018.
Con la partida presupuestada para el próximo año, la Conanp contará con un presupuesto anual de 9.7 pesos por hectárea.
Dentro de la estructura central de la propia Semarnat la política de recortes también ha golpeado áreas específicas, como la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental. Los presupuestos asignados desde 2019 y hasta 2023 son los más bajos de los últimos 20 años.
En esta Subsecretaría, según la propia institución, se involucran un conjunto de actividades jurídicas, administrativas, políticas y de promoción.
Las instituciones de investigación INECC e IMTA tienen presupuesto asignado en el PPEF, por 185 y 220 millones de pesos, respectivamente.
En ambos casos, los recursos asignados son inferiores a los registrados entre 2011 y 2016, pero hay un ligero aumento con respecto al 2022.
No obstante, la continuidad y operación de ambos institutos pende de un hilo, luego de que en diciembre de 2021 la secretaria de Semarnat, María Luisa Albores, hizo oficial su “desaparición”.
Los montos expuestos reflejan el presupuesto en términos nominales. Es necesario considerar que entre el 2000 y el 2020 hay una inflación de 174%.
Sin presupuesto, no hay estado de derecho: ambientalistas
La isla Holbox no es el único punto del país donde se cometen delitos ambientales, la falta de presupuesto también permea en otras regiones, sostuvo el ambientalista Gustavo Lozano, enfocado en impactos de la minería.
En Guanajuato, dijo, la Profepa está desarticulada, carece de personal para hacer inspección y no tiene capacidad para prevenir y sancionar delitos, aún cuando hay denuncias.
El activista consideró que es plausible que se recorten gastos burocráticos del aparato gubernamental, pero añadió que es necesario reconducir esos recursos a áreas descuidadas del sector ambiental, para que las dependencias puedan cumplir con sus funciones previstas en la Ley.
Asimismo, alegó que no solo es urgente contar presupuesto, sino también mejorar las capacidades de los trabajadores.
“Es muy necesario y yo diría urgente que se revise la planilla de trabajadores que existen en el sector ambiental porque es uno de esos espacios en donde debemos tener gente absolutamente comprometida con el quehacer que están llamados a realizar”, afirmó.
Para Gisela Maldonado, las dos instancias que más sufren los recortes presupuestales son la Profepa y Conanp, pues la mayor parte de su operación es trabajo de campo.
En el caso de las Áreas Protegidas, apuntó, se trata de ecosistemas de alta relevancia para la subsistencia de las especies en el planeta, incluida la especie humana, por lo que su conservación debe ser prioritaria.
“Es donde se guarda el germoplasma de todo lo que le da vida al planeta, son los reservorios naturales de todas las especies que nos otorgan oxígeno, que nos dan fuentes de alimento, que nos protegen incluso de la posibilidad del impacto de enfermedades como las pandemias…”, dijo.
Por otra parte, señaló que el papel de la Profepa es crucial para salvaguardar los recursos naturales en riesgo.
“Es como si aniquilan el presupuesto de las policías y todas las entidades que investigan crímenes, los malhechores se sienten con la libertad de delinquir porque saben que no pasa nada”, agregó.
La especialista aseveró que México cuenta con un marco legal ambiental que resulta envidiable con respecto a otros países de América Latina. Sin embargo, expuso, sin presupuesto ni voluntad política, ese marco legal se queda en letra muerta.
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