Tras cinco años de defensa en Oaxaca, la comunidad indígena zapoteca Unión Hidalgo logró la suspensión definitiva del megaproyecto parque eólico Gunaa Sicarú, perteneciente a la paraestatal francesa Électricité de France (EDF).

La noticia se dio a conocer por el Juzgado Primero de Distrito de Oaxaca, donde el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC), encargado de acompañar a la comunidad zapoteca durante estos años, había mantenido un litigio para cancelar los contratos de suministro e interconexión que la empresa mantenía con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“En 2016 tuvimos conocimiento de que una empresa francesa planeaba construir en más del 80% de nuestras tierras el parque eólico más grande de América Latina… como comunidades indígenas buscamos canales de comunicación para saber más y exigir que la calidad comunal de la tierra fuera respetada”, explicó Guadalupe Ramírez, defensora de la comunidad Unión Hidalgo, durante la conferencia de prensa organizada este lunes por ProDESC.

Se trata del primer parque eólico cancelado en México. El proyecto de Gunaa Sicarú pretendía construir 115 aerogeneradores con capacidad de 300 MW, así como una línea de transmisión de 230 kilovoltios (kV) y vialidades alternas en un polígono de 79 hectáreas.

Este parque se iba a unir a las 27 centrales eólicas que ya existen en el Istmo de Tehuantepec, como es el caso del primer parque Piedra Larga del grupo español Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), que se instaló en Unión Hidalgo hace una década.

De acuerdo con la defensora Guadalupe Ramírez, estas construcciones representan una violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales que aboga por el derecho a consulta y participación ante las decisiones sobre sus tierras.

“Yo vi el proceso de construcción de Piedra Larga, he visto los impactos que ha tenido este parque en el medio ambiente. Y si éste (Gunaa Sicarú) se hubiera construido, se habría formado una barrera artificial desde el municipio Santo Domingo Ingenio hasta Juchitán y El Espinal afectando la tierra, la flora y la fauna”, añadió Pedro Matus, defensor zapoteco, quien es campesino dentro de los territorios que serían ocupados.

Para Matus es necesario que se realice un estudio de impacto regional que permita evaluar el impacto de los parques eólicos que ya existen.

Ambos defensores indígenas señalaron que pese a la alegría que representa la suspensión del megaproyecto, apenas es el principio de la defensa ante las amenazas, agresiones verbales, intimidación y difamación que ya han enfrentado por parte de quienes apoyan a la paraestatal francesa.

“Con la cancelación sabemos que nuestra seguridad está en riesgo y por eso exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno por la seguridad de nuestras familias, porque ya empezaron las amenazas”, señaló Guadalupe Ramírez.

En la conferencia de prensa también participó Miriam Saage-Maaß, directora del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) en Alemania, quien participó apoyando a la comunidad Unión Hidalgo, junto con ProDESC, en la presentación de una demanda a EDF.

“Siempre hay presentaciones muy bonitas donde hablan acerca de sus compromisos ambientales y sociales con las comunidades (de América), pero la realidad nos dicta otra cosa. Es por eso que solicitamos que las empresas europeas realicen sus procesos con la debida diligencia para que no incurran en violaciones a derechos humanos”, declaró la directora de ECCHR.

Tanto ProDESC como los defensores de Unión Hidalgo afirmaron que esta suspensión definitiva del megaproyecto parque eólico Gunaa Sicarú servirá como un precedente para todas las empresas que decidan seguir construyendo en tierras comunales.


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