Author Archives: Causa Natura

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Avala SEMARNAT Plan Maestro de Megaproyecto Turístico en la “Milla de Oro”

CANCÚN, MX.- Contra todas las condicionantes ambientales y una supuesta inversión de 420 millones de dólares, la firma Desarrollos Turísticos Paso Victoria obtuvo “luz verde” por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para llevar a cabo el polémico proyecto denominado Plan Maestro Las Américas, que consiste en urbanizar un área de 420 hectáreas en la Milla de Oro para la posterior construcción de ocho hoteles que sumarán en su conjunto 2,104 habitaciones.

El predio en cuestión se ubica al Norte del centro de población de Puerto Morelos y al Sur de la ciudad de Cancún, colinda al Oeste con la carretera Federal 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez Km 333 + 850 y al Este con la costa del Mar Caribe.

La empresa Desarrollos Turísticos Paso Victoria inició trámites desde 2015, pero se desistió de continuar con la evaluación ambiental ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) luego del caso Malecón Tajamar.

El proyecto reanudó los trámites de autorización ambiental a principios de octubre de 2016, apenas unos días después del cambio de gobierno tanto a nivel estatal como a nivel municipal en Quintana Roo, donde el municipio Benito Juárez (Cancún) es gobernado por el verde-ecologista Remberto Estrada Barba.

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La empresa ingresó de nueva cuenta la misma Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que había retirado apenas en mayo del año pasado, en la cual propone “construir un pórtico de acceso, un camino y la lotificación (ocho lotes hoteleros), para la venta y construcción de complejos turísticos de tipo convencional (un complejo turístico en cada lote)”.

Es decir, se prevé la construcción de ocho centros de hospedaje sobre una zona en la que la propia firma promovente reconoce que existen especies vegetales protegidas por ley, como mangle rojo, mangle botoncillo y palma chit.

El proyecto Plan Maestro Las Américas contempla tres etapas de desarrollo: preparación, construcción y operación.

“El tiempo estimado requerido para las etapas de preparación y construcción es de 25 años, ya que dependerá de la venta de los lotes, situación que en cierta medida depende de las condiciones económicas del país.

La etapa de operación será de 74 años. Por lo que el tiempo total requerido para el proyecto es de 99 años”, según se lee en la MIA.

La mayor parte del predio se encuentra cubierto por vegetación forestal de diferentes tipos, por lo que la empresa propone la creación de un nuevo camino de acceso, introducción de la red de suministro eléctrico, red hidrosanitaria, drenaje pluvial, construcción de vialidades internas, alumbrado y un sitio para el almacenamiento temporal de residuos, entre otros.

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Se especifica en el documento que debido a que la construcción en los lotes hoteleros estará a cargo de terceros, es decir, de los futuros adquirentes: “el Plan Maestro Las Américas ha establecido las características constructivas y operativas que deberá cumplir cada desarrollador en cada lote, las cuales han sido diseñadas acorde con la normatividad ambiental vigente y con fundamento en los estudios de caracterización del predio”, es decir, que aunque cada lote tiene asignado un número de cuartos, esto podrá variar de acuerdo con las necesidades de cada desarrollador, “siempre y cuando no se exceda la cantidad total de cuartos, que para el proyecto es de 2,014, y tampoco se sobrepasen los límites del área destinada para uso hotelero”.


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La participación ciudadana, un camino por transitar

Por José Manuel Ramos Arredondo (am Irapuato)

Últimamente, organismos estatales forman consejos ciudadanos para la administración o evaluación de las políticas públicas, formados de ciudadanos (as) interesados y expertos independientes. Es trabajo que también le compete al Estado, aunque muchos gobernantes no creen en ello.

En trabajo de Azucena Serrano de UNAM señala que existen cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana exista en un régimen democrático, a saber: el respeto de las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.

Hoy en día, uno de los términos que con mayor frecuencia invocan los políticos mexicanos al pronunciar sus discursos, es el de participación ciudadana; hablan de su importancia y de su necesidad para la profundización de la democracia en nuestro país. Sin embargo, este pensamiento no siempre ha imperado; de hecho, es una palabra muy novedosa, pues si nos remontamos a unas décadas más atrás, se podrá observar que la participación ciudadana nunca fue tan importante. Aunque es una necesidad, muchos gobernantes no creen en su importancia y funcionalidad.

La injerencia de los actores privados sobre el Estado también es importante porque controla y templa el poder de los representantes políticos y de los funcionarios públicos, pues una vez elegidos, es indispensable vigilar cómo y en qué ejercen los fondos estatales y de qué forma administran los recursos de la nación. Con la supervisión de nuestros gobernantes impedimos que tomen decisiones en función de sus intereses, y evitamos la corrupción, el fraude, los sobornos y otras prácticas deshonestas ya que “en arca abierta hasta el justo peca” y si nosotros les hemos dejado todo abierto, tenemos responsabilidad al respecto.

La participación no se limita en el voto como muchas personas piensan: existen múltiples formas de tomar parte en los asuntos públicos, y el voto es sólo una de ellas. Hay que distinguir entre participación social, comunitaria, política y ciudadana. La baja participación de los ciudadanos y el poco interés en los asuntos públicos se puede confirmar con los datos que arrojó la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) en 2012, donde el 84% de la población dijo estar poco o nada interesado en la política, o un 62% contestó estar poco interesado en los problemas de sus comunidad; asimismo, el 71% dijo que nunca ha asistido a reuniones que tienen por objeto resolver los problemas del barrio, la colonia o la comunidad. Y parece ser que las manifestaciones ya no son una opción para los ciudadanos, pues la misma encuesta arrojó que el 79% nunca ha participado en manifestaciones ya sea a favor o en contra del gobierno. Quizá estos hechos que estamos viviendo ahora nos puedan despertar y mediante participación ciudadana podamos cambiar el rumbo de nuestro país, con revolución pero sin violencia.

Los ciudadanos se abstienen de participar en las cuestiones que son del interés de todos. La falta de confianza hacia las instituciones, la violación a las garantías individuales y la ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas, han hecho que existan bajos índices de participación ciudadana. Las personas no quieren tomar parte en los asuntos públicos, en primer lugar, porque no cuentan con la información suficiente para evaluar a los gobiernos o para involucrarse en la realización de programas y políticas públicas. En segundo, porque el gobierno sigue sin respetar las garantías individuales de los mexicanos; tan sólo las organizaciones defensoras de derechos humanos, cuando interfieren en asunto públicos, son objeto de persecución y ataques, casos de periodistas tenemos varios.

La impunidad significa, sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. En nuestro país, las autoridades públicas no sufren ningún castigo ni procesos penales cuando incurren en un delito. Apenas se empieza a ver que los gobernadores tienen muchas fallas, acciones delictivas y de defraudación a las finanzas de sus estados. En lugar de castigarlos, se les encubre, justifica, protege, solapa o ampara, y en el peor de los abusos se les premia.

Con la sanción de los funcionarios públicos, con la transparencia y la rendición de cuentas, podemos empezar a recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del gobierno e incrementar la participación ciudadana. De este modo seríamos un país más democrático, un país donde los ciudadanos tomen parte en las cuestiones que son del interés general, donde supervisen el ejercicio del gasto público; en fin, donde se vele por el bienestar de la nación. No podemos dejar estas cosas tan importantes en manos de los políticos. Algo debemos de hacer. Dejemos de intoxicarnos con los temores, la TV, la internet y hagamos algo. La participación ciudadana puede realizarse con pequeñas acciones en tu barrio o colonia, en escuelas, en centros de trabajo, en ONG, en fin, es necesario hacer algo para que la crisis no nos lleve al despeñadero. Es buen momento para reconsiderarlo.

Fuente: am Irapuato


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Greenpeace: Incongruencias del discurso de Peña Nieto en la COP13 y sus políticas de gobierno

En el segundo día de la 13 reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD) de la ONU, el titular de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto decretó 65 millones nuevas de hectáreas de superficie de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y zonas de salvaguarda, triplicando la cantidad existente hasta ahora de superficie protegida a nivel nacional.

Peña Nieto presumió que con el decreto de hoy de cuatro nuevas ANP: la gran reserva del Caribe Mexicano, la Sierra de Tamaulipas, las Islas del Pacífico y el Pacífico Profundo, México no sólo cumplió con el 10% de superficie marítima protegida establecida en la meta 11 de Aichi sino que se duplicó al alcanzar el 23% y además a cuatro años del 2020, plazo establecido para que las naciones alcanzarán dicha meta.

Greenpeace y el Centro para la Diversidad Biológica celebran este anuncio, sin embargo, alertan de la existencia de numerosas incongruencias entre los hechos y su discurso de protección de los recursos naturales, respeto e integración de las culturas y prácticas de las comunidades y pueblos indígenas y la inclusión social y el desarrollo económico teniendo como eje la biodiversidad.

Frente a los delegados de más de 196 países del mundo participantes en esta COP13, Peña Nieto habló de la importancia de conservar el material genético del maíz, de que los sectores productivos deben integrar criterios de biodiversidad, de conservar la riqueza natural y de que los decretos de protección no se queden en letra muerta. Ese fue su discurso.

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  • En los hechos, aunque triplicó el número de hectáreas de superficie protegida, la tercera parte que ya existía carece de mecanismos efectivos para implementar dicha protección. De las 176 ANP existentes hasta hoy,  sólo 108 cuentan con un plan de manejo.
  • ¿Más ANP? Está bien, pero que cuenten con Planes de manejo y líneas de ejecución efectivas y que no resulten infructuosas como en el caso de la Vaquita Marina, cuya muerte incidental de ejemplares siguió presentándose aún después de que se decretó la prohibición de uso de redes de enmalle porque no existen recursos ni infraestructura necesaria para llevar a cabo una efectiva vigilancia de la aplicación de la veda en la región. Peña Nieto nada dijo de que  nuestro país no ha alcanzado la meta 12 de Aichi relativa a evitar la extinción de especies.
  • Enrique Peña sí habló de la integración de la biodiversidad y su cuidado como eje para consolidar el desarrollo económico, la inclusión social  y la protección del medio ambiente y  ”lo ilustra -dijo- la batalla que estamos dando para salvar a la Vaquita Marina”.
  • La vaquita marina es un ejemplo de pérdida de biodiversidad, pues el mamífero marino en mayor riesgo de extinción, por ello es de suma importancia abordar este tema en la COP. La Meta 12 de Aichi establece que para 2020, se habrá evitado la extinción de especies amenazadas identificadas y se habrá mejorado y sostenido su estado de conservación, especialmente el de las especies en mayor disminución.

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”En esto ha fallado el gobierno mexicano, ya que con menos de 60 ejemplares la vaquita está en riesgo de desaparecer, y hasta la fecha no hay una política pública que garantice su protección más allá de abril del próximo año. Además la pesca ilegal de totoaba continua siendo la principal amenaza para su supervivencia”, advirtió Alejandro Olivera del Centro para la Diversidad Biológica.

Rual Verdugo,  pescador de la cooperativa la Vaquita de los Angulo, presente en la reunión, dijo que claramente las medidas propuestas por el gobierno no han solucionado de fondo el problema. A tres meses de que termine el tema de la veda y la compensación económica para los pescadores aún no cuentan con alternativas de artes de pesca sustentable ni se les ha dado información que les dé certidumbre de lo que viene.

”Las instituciones de gobierno encargadas de la innovación pesquera aún no generan las alternativas que permitan el desarrollo social de la zona y desincentive la pesca de totoaba”, señaló por su parte Miguel Rivas, coordinador de la  campaña de Océanos de Greenpeace México.

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  • Peña Nieto habló de la conservación de los recursos naturales y el turismo, en el estado de Quintana Roo, ahí mismo donde tiene lugar la COP y el discurso del mandatario, las pérdida de manglar y el fortalecimiento de la industria turística de forma no sustentable siguen presenten.
  • Como ejemplos de que los intereses de las empresas y otros sectores económicos están por encima de la protección real de los ecosistemas marinos están el proyecto de los 800 Palafitos en Holbox y la ampliación del puerto de Veracruz que está poniendo en riesgo el sistema arrecifal veracruzano.
  • Enrique Peña Nieto abrió su discurso haciendo referencia a las culturas ancestrales de nuestro país y la importancia de reconocer su cultura y retomar sus prácticas y el tipo de relaciones armoniosas que sostenían con el medio ambiente al tiempo que en nuestro territorio se sigue permitiendo y promoviendo un sistema de cultivos mecanizado, así como la siembra de soya transgénico y el uso de pesticidas.

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”En contraposición a la meta 18 de Aichi, la cual plantea la relevancia de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales, pertinentes para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica; la política agroindustrial del gobierno federal da un espaldarazo a las grandes industrias y vulnera a las comunidades de campesinos y de indígenas y sus sistemas tradicionales de producción de alimentos, permitiendo la extracción ilegal de agua de pozos, la contaminación de los cuerpos de agua con el uso de agrotóxicos y la deforestación e incluso, permitiendo el despojo a las comunidades de bienes naturales comunes”, comentó Aleira Lara, líder del proyecto de Comida Sana de la organización ambientalista. Esto es reflejo de un modelo que mercantiliza la biodiversidad y que no promueve su conservación.

  • Los apicultores y campesinos mayas de distintas comunidades de Hopelchén, junto con organizaciones comunitarias, de derechos humanos y académicos han podido constatar la dimensión de los daños ambientales que se están generando en Península de Yucatán, en donde los desmontes para favorecer la siembra de soya convencional y transgénica no están siendo controlados por las autoridades.
  • La selva de Campeche, baluarte del patrimonio biocultural de México, está siendo destruida por el avance voraz de la agricultura industrial. Desde hace más de 10 años, las áreas forestales del municipio de Hopelchén, Campeche se han visto afectadas por una grave situación de deforestación. Entre los años 2000 y 2008, se perdieron casi 22,300 hectáreas. Para el 2013, desaparecieron más de 38 mil hectáreas de cobertura forestal en el estado de Campeche.

Greenpeace reitera que el discurso fue bueno, pero esperamos que se traduzca en acciones, promoviendo planes de manejo de las áreas naturales protegidas e impulsando una política pública de agricultura ecológica.

Fuente: Greenpeace México


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México duplica metas de conservación en superficie marina en COP13

Se anunció la creación de cuatro nuevas áreas naturales protegidas, además de cinco zonas de salvaguarda

Ciudad de México, 5 de diciembre de 2016 (Excelsior).- En el marco de la COP13, México anunció la creación de cuatro nuevas áreas naturales protegidas y cinco zonas de salvaguarda, que suman65 millones de hectáreas, lo que equivale al 14 por ciento de su territorio y 23 por ciento de sus zonas marítimas.

Con estos decretos, el país duplicó una de las metas de Aichi asumidas ante la comunidad internacional, de colocar bajo un esquema de conservación el 17 por ciento de nuestra superficie terrestre y el 10 por ciento de nuestras aguas continentales antes de 2020.

Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales(Semarnat) aseguró que con estas acciones, el 5 de diciembre de 2016, será reconocido “como el día más importante en la historia del medio ambiente en nuestro país”.

De esta forma, México llega a una superficie total de 91 millones de hectáreas protegidas, 70 millones en zonas marinas y 21 millones en zonas terrestres.

Los decretos de nuevas áreas naturales protegidas en la categoría de Reserva de la Biosfera son el Caribe Mexicano, donde se dedicará a la conservación el 50 por ciento del sistema de arrecifes mesoamericano; las Islas del Pacífico y sus aguas adyacentes, en la costa occidental de los estados de Baja California y Baja California Sur; el Pacífico Mexicano Profundo, que es una gran franja marítima por debajo de los 800 metros que va desde Chiapas hasta Nayarit, y el área alrededor del Archipiélago de Revillagigedo.

Así como en la parte terrestre, la Sierra de Tamaulipas, en los municipios de Aldama, Casas, González, Llera y Soto La Marina.

Mientras que las zonas de salvaguarda, donde se prohíbe la exploración y extracción de hidrocarburos, son Manglares y sitios Ramsar; región Selva Lacandona; Plataforma de Yucatán y Caribe Mexicano.

Fuente: Excelsior

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La conexión necesaria: el avance de la Alianza para el Gobierno Abierto (en inglés)

The Must Needed Connection: the Open Government Partnership’s Way Forward

By Haydeé Pérez Garrido, Executive Director of Fundar, Center for Analysis and Research.

In 2011, the Mexican Federal Institute for Access to Public Information and Data Protection, back then IFAI, invited a group of civil society organizations –including Fundar– to work in a new initiative called the Open Government Partnership. We were asked to make proposals of commitments for the Mexican First Action Plan. I personally decided that a project of dialogue and interaction between civil society, the private sector, and the government could become a powerful platform for significant progress in transparency, citizen participation, and the fight against corruption; always having the human rights as the ultimate goal: the right to health, education, peace, and a decent life. Five years into working in the OGP, I would like to share my assessment of this initiative and reflect on what its way forward should be.[1]

I must start saying that, five years after embarking on this road, my assessment is bittersweet. On the one hand, I have to acknowledge that today we have a stronger international community of institutions and people interested in taking the issues of transparency, accountability and citizen participation forward, and OGP has undoubtedly played a key role in achieving this.

The interaction between countries created by OGP has been instructive for all of us; we have put a stop to prejudice, we have developed joint projects, we have learned from the experience of countries that had never crossed our minds. Thanks to OGP, people and institutions committed to these causes have been recognized, and their work and talent has been appreciated. And, certainly, there has been some significant and concrete achievements.

However, I believe that the huge investment we have made has not paid off as it should have. In some cases, OGP has become a process of “apparent openness” rather than a platform for effective co-creation. Very often, when defining action plans, middle-level officials are the ones who make commitments. And, afterwards, they lack the power to persuade their superiors or to compel other agencies to commit, much less to comply with the commitments undertaken.

Taking OGP seriously means opening a substantial and honest dialogue with civil society and taking on commitments at the highest level, which involve shifting bureaucratic institutions, investing material and economic resources, and, in many cases, promoting far-reaching changes. For some, open government still means opening public information databases or using information technologies when governing. They have not realized that it is about changing our current paradigm, since this has not yielded results.

OGP is about leveraging public intelligence located in different sectors of society in order to solve huge challenges that are complex and affect deeply the life and rights of citizens such as poverty, poor health coverage, unequal access to justice, etc.

It is about transitioning from electoral to participatory and deliberative democracies, where citizens are at the heart of government action and, therefore, can play a substantial part in the decisions affecting them. Ultimately, it is about democratizing information and decision-making forums, that is to say, democratizing power. And here, it is important to ask governments if they are willing to do so.

Until heads of government truly commit to use OGP as a powerful platform for solving the huge challenges we face as an international society, this initiative will remain a very good, interesting and commendable idea. Certainly one where many people from the social sector, private and public, will work enthusiastically in, but nevertheless a mediocre effort.

What should the way forward for OGP be? Well, five years after launching this project, and with a deep knowledge of it, I am convinced that we have a platform with the potential to make a significant contribution to the objectives that we want to achieve in the 2030 development agenda. For this to happen, the work of OGP should be linked with the huge challenges that affect most developing countries. And the OGP Global Summits, such as the one that is about to start in Paris, are great opportunities to assess what has been achieved so far and make this must needed connection between the work of OGP and these complex and huge challenges. For this reason, I invite heads of government, civil society, donors and private actors attending the OGP Global Summit to work together to leverage this initiative’s potential, so that it becomes a powerful one for solving the complex problems affecting our societies.

Fuente: GPSA Knowledge Plataform


[1]This blog was written out of a speech made on September 19th, 2016 at the UN General Assembly.


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Demandan fortalecer normas ambientales

Ciudad de México, 3 de diciembre de 2016 (Reforma).- Organizaciones especializadas en la conservación del medio ambiente urgieron al Gobierno Federal fortalecer el marco normativo en la materia en México.

Ante la celebración de la Conferencia de las Partes (COP13), que se realiza en Cancún, 15 asociaciones demandaron analizar los procedimientos administrativos actuales ambientales, sobre todo los que tienen que ver con inspección y vigilancia, para mejorarlos.

Asimismo, pidieron facultar debidamente al personal de las dependencias federales que tienen presencia permanente en las Áreas Naturales Protegidas del País.

“Fortalecer los procedimientos administrativos y reducir la atomización de atribuciones de inspección y vigilancia en áreas naturales protegidas sería una clara señal del profundo compromiso que México asume con la conservación de la biodiversidad”, señalaron.

Argumentaron que México cuenta con más del 10% de la biodiversidad mundial, lo que conlleva una gran responsabilidad tanto a nivel nacional como internacional.

Las asociaciones aseguraron que uno de los principales obstáculos para cumplir con el compromiso de la conservación de la biodiversidad está relacionado con la limitada capacidad legal e institucional para hacer cumplir y respetar las regulaciones existentes.

“Los procedimientos administrativos que rigen la actuación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fueron diseñados hace más de 20 años, contemplando de manera casi exclusiva aspectos de contaminación industrial y con un enfoque a la problemática urbana, dejando en estado de vulnerabilidad a las Áreas Naturales Protegidas o aquellas áreas de relevancia biológica del país”, manifestaron.

Indicaron que México ha robustecido el marco normativo ambiental a través de la emisión de diversas leyes en distintas materias, sin embargo, puntualizaron, las herramientas que necesita la Profepa para hacer cumplirlas no se han actualizado.

Recordaron que el País se comprometió a proteger de manera efectiva el 17 por ciento de la superficie terrestre nacional y el 10 por ciento de su superficie marina.

“Esto implica que, además de aumentar la frontera de protección, se deberán realizar acciones que aseguren que las áreas protegidas cumplan sus objetivos”, aseveraron las organizaciones.

“Para ello, es indispensable fortalecer el régimen de inspección y vigilancia y dotar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Profepa de las herramientas necesarias”, añadieron.

Las asociaciones que hicieron este llamado son Causa Natura, Center for Biological Diversity, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Coalición por el Agua, Defensa Ambiental por el Noreste (DAN), Eco Alianza de Loreto, Sociedad de Historia Natural Niparajá, Paralelo 28 y Pro Esteros.

También Pro Natura, Red de Observadores Ciudadanos, Terra Peninsular, Greenpeace, Loreto Coastkeeper y Costa Salvaje.

Fuente: Reforma